Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe manifiestan su disconformidad con el acuerdo alcanzado el viernes 30/01/2015 entre el Gobierno y Federación Agraria Argentina, ya que viola las normas más elementales de competencia, canalizando ventas de trigo a través de un canal comer cial al que no acceden la totalidad de los productores agropecuarios.

Medidas de este tipo tienen un efecto acotado y no resuelven el problema de fondo, ya que perpetuán el sistema de ROES que opera en la práctica como una licencia no automática para la exportación, originando importantes transferencias de ingresos en el interior de la cadena de producción y comercialización, interrumpiendo el desarrollo de los mercados, impidiendo a los productores capturar el precio pleno de su producción, y privando al país de importantes ingresos al obstaculizar la colocación de los excedentes de producción en los mercados internacionales.

En la actualidad, asistimos a un escenario de ausencia de competencia por trig o y maíz por parte de la demanda interna y de la exportación, generándose graves distorsiones en la comercialización, sin ningún beneficio para los productores/consumidores, y afectando seriamente el flujo normal de los negocios, y por ende la actividad de los Corredores de Cereales.

Por tal motivo, insistimos en la necesidad de derogar la RG543, de la ex ONCCA, que transformó a los ROE Verde en un mecanismo de licencias previas de exportación, con cupos, cuotas y restricciones, ya que es la única alternativa seria para solucionar las graves distorsiones que existen en la comercialización de trigo y maíz, garantizando el normal funcionamiento de los mercados, y permitiendo a los productores obtener un precio pleno producto de la libre competencia entre oferta y demanda.

Por último, desde los Centros reiteramos en la necesidad de mantener un diálogo franco con el Gobierno, para lo que tenemos solicitadas audiencias con la  Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el Ministro de Economía, Axel Kicillof, las cuales aun no han sido concedidas, a los efectos de transmitirles nuestra preocupación por la actual situación y demostrarles las graves consecuencias que tuvo la RG.543 para el desarrollo de los mercados, actuando como un factor desalentador a la hora de definir la siembra, y con derivaciones directas que impactaron en las economías regionales.