En reunión plenaria, la mesa de Entidades de la Producción de Santa Fe, integrada por el Centro Comercial de Santa Fe, la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Santa Fe; la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Unión Industrial de Santa Fe, la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE), la Sociedad Rural de Santa Fe y la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, dieron su respaldo a la prosecución de las obras iniciadas en el Parque Alberdi de nuestra ciudad.
Las entidades expresan que el proyecto que ha dado lugar a una polémica urbana, prácticamente duplicará la actual superficie de uso público, dotará a una zona crítica en términos de circulación vehicular y lugares de estacionamiento, de 295 nuevas dársenas para automóviles, al tiempo que recuperará la degradada cubierta del parque mediante un diseño contemporáneo que pone en valor algunos de sus activos culturales –como el Monumento a la Madre- y genera mediante nuevas circulaciones una mejor articulación entre el comercio céntrico y los nuevos desarrollos de la zona portuaria.
Las asociaciones firmantes entienden que por su ubicación de borde sobre avenidas de intenso tránsito, el proyectado aprovechamiento del subsuelo constituye un factor de mitigación efectiva de un problema urbano real y actual, a cuya solución integral debe concurrir una política de transporte público diseñada con la mira puesta en el futuro. De igual modo, una política de forestación urbana que asegure hacia delante la calidad del aire que respiramos.
Respecto de lo actuado, las entidades plantean a la sociedad santafesina la necesidad de mantener el orden institucional y los principios de legitimidad, legalidad, seguridad jurídica y oportunidad. Es que habiéndose cumplido con la debida publicidad y transparencia las instancias y procedimientos establecidos para la formación de las normas municipales, es inaceptable el intento de interrumpir sus efectos por la vía de la fuerza. De lo contrario, se ingresaría en un terreno peligroso donde las ideas y acciones de sectores o facciones se sobrepondrían a las decisiones de carácter general, adoptadas en el marco constitucional de una democracia moderna.
Nuestro apoyo institucional a la ejecución del proyecto en marcha no supone en ningún caso la negación de las libertades de opinar, protestar y proponer, pero dentro de los canales que la ley garantiza y que las buenas prácticas políticas ofrecen. Por lo tanto invitamos a reflexionar sobre acciones violatorias de las normas vigentes que pueden dañar contratos y generar eventuales indemnizaciones que finalmente pesarían sobre las espaldas de los contribuyentes. También, a calibrar los argumentos que sustentan un proyecto con múltiples aristas positivas que, en su conjunto y más allá de la pérdida lamentable de algunos árboles, justifica por sus beneficios –disminución de la presión vehicular en una zona congestionada, creación de puestos de trabajo, mejora del diseño urbano- la intervención propuesta y legalmente habilitada.