La Sociedad Rural de Santa Fe, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Asociación Dirigentes de Empresa de Santa Fe, el Centro Comercial de Santa Fe, la Unión Industrial de Santa Fe, la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe y la Cámara Argentina de la Construcción - Delegación Santa Fe que componen la Mesa de Entidades Productivas de Santa Fe, manifiestan su rotunda oposición al traslado del Centro Regional de SENASA de Santa Fe a Rosario, según trascendió mediante una comunicación interna de la repartición.

Retirar el organismo de la Capital de la provincia, su sede histórica y operativa, con difusos e imprecisos argumentos de orden estratégico resulta inaceptable. Máxime cuando una visión genuinamente estratégica debe atender a la  expansión agrícola hacia el norte de la provincia y el país, y al hecho cierto de que la mayor parte de los rodeos ganaderos se encuentran en el centro-norte provincial. En consecuencia, la medida en cuestión está claramente contraindicada. Mucho más en momentos que asume un primer plano de importancia la reconversión del puerto de Santa Fe, y su extensión a la vera del canal troncal de navegación de la hidrovía Paraguay-Paraná.

Llama entonces la atención que las autoridades nacionales lleven adelante una medida tan desatinada, sin previa consulta con los sectores directamente interesados. Descontamos que no ha sido consultado el gobierno provincial, porque sin duda, y como es costumbre, hubiera comunicado la novedad y propiciado un intercambio de opiniones al respecto. Es que la iniciativa contraría las políticas de descentralización llevadas adelante por la provincia con el sistema de “nodos”, y en el plano institucional desjerarquiza sin motivo a la ciudad de Santa Fe.

Creemos que es necesario seguir dotando de medios al Centro Regional del SENASA en Santa Fe, para que lejos de rebajarlo al nivel de “oficina” progrese en su funcionamiento y acompañe de manera eficiente el crecimiento de las actividades agropecuarias. Con ese propósito y para evitar un gravoso desatino requerimos la inmediata intervención del gobierno provincial.