En una reunión llevada a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario, dirigentes del Consejo de Entidades Empresarias de Santa Fe plantearon a la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, al ministro de Producción, Daniel Costamagna, al fiscal de Estado, Rubén Weder, y a otros funcionarios del gobierno provincial presentes, su preocupación por el crecimiento de la cuenca de La Picasa, que se tornó una amenaza para el sur de Santa Fe, generando problemas a poblaciones cercanas e impactando fuertemente sobre la producción de la zona.

Los miembros de la Comisión de Asuntos Hídrico del Consejo expusieron que, a pesar de las obras desarrolladas en las dos últimas décadas, entre ellas el Canal Federal de La Picasa, algunas que quedaron inconclusas o sub ejecutadas, y otras que nunca se llevaron a cabo, lo cierto es que los desmedidos aportes de agua que ingresan por canales regulares y clandestinos, cunetas y caminos vecinales desde Córdoba y Buenos Aires, no encuentran salida y elevan notablemente la cota de la laguna.

Las lluvias de los últimos 70 días tuvieron la particularidad de haber sido de mayor magnitud en el Sur de la Cuenca, en la línea Villa Rossi (Córdoba), Cañada Seca y Villa Saboya (Buenos Aires) y esto provocó un impacto inmediato sobre los reservorios ubicados en Santa Fe y la propia laguna, con ingresos de agua que por caudal y velocidad de traslado resultaron sorprendentes y causaron la inundación de miles de hectáreas en cuestión de horas.

Los acuerdos suscriptos por los gobiernos de Santa Fe y Buenos Aires, sólo permiten derivar hacia esta última provincia volúmenes mínimos (5 metros cúbicos por segundo por los canales norte y sur), lo que genera una absoluta desproporcionalidad entre lo que ingresa y lo que se evacúa. Si esto no se equilibra rápido habrá que afrontar graves consecuencias sobre localidades y predios privados inundados, además de los cortes de la Ruta Nacional N°7 que une Capital Federal con Mendoza y Chile, y del Ferrocarril San Martín.

Por otra parte, se hizo notar que desde diciembre pasado existe una medida cautelar dispuesta por un juzgado federal de Junín, provincia de Buenos Aires, que impide avances en las obras de desagüe de la denominada Alternativa Sur, con el canal que lleva el agua hasta la estación de bombeo e infraestructura complementaria, cuyo presupuesto está a cargo de la Nación. El fallo exige un estudio de impacto ambiental para autorizar la continuidad del proyecto.

Respecto de este fallo, el Fiscal de Estado dio a conocer que la semana próxima la provincia de Santa Fe presentará un recurso como tercero voluntario ante la Cámara Federal de Casación reclamando la invalidez de la medida cautelar dictada por el juez, que impide la realización de las obras.

La ministra Frana y el secretario de Recursos Hídricos Roberto Gioria expusieron los trabajos que se han llevado a cabo y los que se encuentran en ejecución para drenar excesos hídricos conforme lo acordado con la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se comentó la participación que tiene Santa Fe en la Comisión Interjurisdiccional de La Picasa y el nivel de conflictividad de las reuniones que se celebran con las otras provincias aportantes de aguas.

Los representantes de las entidades empresarias pusieron de relieve que, más allá de las obras que se realizan, la desproporción entre los volúmenes que se receptan y los que se drenan, que genera enormes perjuicios económicos por los anegamientos de tierras productivas, obliga a plantear la problemática desde un aspecto político con las otras jurisdicciones.

En este sentido, el ministro Costamagna valoró la posibilidad de trabajar en conjunto el gobierno provincial con el sector privado, para intentar modificar este inequitativa situación.

El Consejo de Entidades Empresarias de Santa Fe está integrado por ADEESSA, Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe, Cámara Argentina de la Construcción delegaciones Rosario y Santa Fe, CARSFE, CONINAGRO CAR Santa Fe, CORENOSA, FAA, FECECO, FECOI y FISFE.