En sendas notas a la vicegobernadora Griselda Tessio y al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Eduardo Di Pollina, respectivamente, las Bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario fundamentan su tajante oposición al proyecto que promueve una mayor presión fiscal en la provincia.
Asimismo, esta tarde, una copia de la posición de las entidades bursátiles será remitida a todos los diputados nacionales por Santa Fe

Las Bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario, en forma conjunta, esta mañana, enviaron una nota de seis carillas, a las autoridades de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la provincia, en la que expresan su rechazo al proyecto de ley que pretende la aplicación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las exportaciones de porotos de soja y sus derivados, y a las actividades de industrialización de cereales y oleaginosas.

La iniciativa legislativa es suscripta por los diputados Alberto C. Cejas, Luis D. Rubeo, Silvia S. De Césaris, Claudia A. Saldaña, Ricardo M. Peirone y Marcelo J. Brignone, quienes  proponen, con el producido de la recaudación por la tributación antes mencionada, generar dos Fondos: uno para atender el déficit habitacional y otro para el fomento de la industria.

Como representantes de los sectores involucrados, las Bolsas consignaron su rechazo a tal iniciativa, a la vez que solicitan ser convocadas  para expresar sus opiniones en oportunidad en que dicho proyecto sea debatido en las comisiones. Razones jurídico-tributarias y económicas fundamentan la oposición.

Argumentos jurídicos

Las Bolsas puntualizan  que el artículo 9 inciso b) apartado I. de la ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos no permite que las provincias graven con Ingresos Brutos la actividad de exportación y que por lo tanto“la pretensión del proyecto en cuestión es contraria a dicha norma de jerarquía constitucional”.

Asimismo, remarcan que como “la provincia de Santa Fe adhirió a la ley N° 23.548, quedó obligada al cumplimiento de sus disposiciones sin limitaciones ni reservas, entre las cuales se encuentran los lineamientos básicos que debe tener el Impuesto a los Ingresos Brutos, diseñados en el Art. 9°, a los efectos de lograr la armonización tributaria, sin que ello implique un avasallamiento de sus potestades tributarias”.

En otra parte de los fundamentos basados en doctrina tributaria, las Bolsas señalan que “si se permitiera que la provincia de Santa Fe desconociera abiertamente la obligación de no gravar la actividad de exportación que le impone el Art. 9° inciso b) apartado primero de la ley N° 23.548, se estaría desvirtuando la esencia del régimen de coparticipación, socavando los cimientos de su razón de ser y aceptando la vulneración de una norma de jerarquía constitucional.

“En modo alguna la provincia puede negar ahora en forma unilateral la existencia de tales restricciones, aduciendo facultades de imposición originarias, sin alterar el régimen de coparticipación en vigencia, desconociendo así el compromiso asumido al adherir al régimen entre la Nación y las demás jurisdicciones locales”, dicen en  las notas.

Generará más costos y asimetrías

Las Bolsas aluden también a razones económicas para rechazar el proyecto.

Respecto de éstas indican que “introducir un gravamen provincial sobre las exportaciones, no sólo va en contra del principio universalmente aceptado de "no exportar impuestos", sino que atenta contra la competitividad internacional de los agentes económicos locales, que constituyen los pilares de la política tributaria.

Advierten que la aplicación  de Ingresos Brutos sobre las exportaciones de porotos soja y derivados no sólo afectaría a las empresas ya radicadas en la provincia, sino que desalentaría la inversión y el desarrollo de nuevos emprendimientos, dejando fuera de foco a Santa Fe  respecto de jurisdicciones vecinas que tendrían una carga fiscal menor y serían elegidas como mejor opción a la hora de llevar adelante proyectos de inversión productivos en tales actividades.

Asimismo,  -continúan las Bolsas- “la actividad desarrollada fuera de Santa Fe que comercializara su producción en la provincia sufriría una nueva carga fiscal, al tener que tributar  sobre los ingresos de sus producciones, aunque éstas se concretaran desde otras jurisdicciones provinciales”.

Como la carga impositiva local no podrá volcarse a los precios internacionales, generaría un traslado de costos  a los eslabones anteriores de la cadena comercial interna, que en definitiva terminará repercutiendo sobre el productor agropecuario. “Esto debe quedar claro: no serán sólo las empresas exportadoras las que soportarán las consecuencias del proyecto, sino toda la cadena y en particular la producción agrícola”, sostienen las entidades.

En la nota se hace referencia, además, a un reciente estudio de la BCR que demuestra el aumento, de más de un 30%, de los costos de explotación agrícola en dólares, en los últimos dos años (2009.2011), y a otros incrementos como por ejemplo el transporte marítimo, que reducen los ingresos que recibe el productor agrícola.

Asimismo, al pretender  el proyecto gravar la actividad de industrialización de cereales y oleaginosas, “el peso del tributo en cascada recaería en este caso sobre todos los consumidores finales del país”, advierten las Bolsas.

A continuación la nota aborda el impacto de la crisis internacional sobre Argentina y se enfatiza  que “resulta un contrasentido que mientras todos los países buscan disminuir costos y ganancias para sostener su participación en los mercados internacionales, en Santa Fe se propongan proyectos en el orden contrario, lo que implica una involución que atenta contra su andamiaje productivo”.

En la parte final, la Bolsas indican que comparten la preocupación de los autores de la propuesta legislativa en cuanto a la generación de puestos de trabajo y soluciones para el déficit habitacional, pero entienden que “se trata de  cuestiones que requieren de la interrelación de estudios y propuestas más profundos que la aplicación lisa y llana de una mayor presión fiscal a los sectores involucrados, que se suma a la pesada carga de contribuciones impositivas ya impuestas por el conjunto del Estado”.